ECONÓMICA. Firmar el convenio con el Ministerio de Educación obliga a la conselleria a pagar su cincuenta por ciento del coste de los ordenadores. El Gobierno central aportaría 11,2 millones de euros para la compra de estos portátiles y la Generalitat debería realizar el mismo desembolso.

PLAZOS. A finales de marzo de 2010, las aulas de quinto curso de Primaria tendrían que disponer del equipamiento informático necesario para la introducción de casi 50.000 ordenadores. La misma conselleria reconoce, por informes de los profesores de Informática, que los centros no están dotados y sería prácticamente imposible cumplir el plazo.

INFRAESTRUCTURAS. El coste real de un aula informática supondría a la conselleria triplicar la aportación del ministerio ya que, además de la adquisición de un ordenador, se han de tener en cuenta los gastos de mantenimiento, el acceso a Internet y la conexión a la red. Como el mismo Font de Mora ha lamentado: «La inversión es tremenda».

ACCIONES PREVIAS. La conselleria facilitó ayer un estudio de profesores del ramo en el que aseguran que son necesarias mejoras en las aulas como la línea ADSL, Wi-FI, Lan o el cableado de red así como la instalación eléctrica.

PEDAGÓGICAS Y RECICLAJE DOCENTE. Ausencia de contenidos digitales, aunque varios profesores universitarios trabajan en ellos. Además se añade la falta de reciclaje del personal docente que se vería obligado a impartir clases con 25 ordenadores por aula.

POLÍTICA. Es un motivo más de enfrentamiento entre ambos gobiernos: el autonómico, liderado por el PP, y el central, por los socialistas.

En lo publicado en la prensa sobre el tema hay contradicciones evidentes. En una nota de prensa del PSOE (15/12/2009) se afirma que:

El Gobierno de España quería invertir 11 millones de euros y Font de Mora “renuncia a esas ayudas porque cualquier cosa que venga del Gobierno de España no le gusta, aunque sean mejoras para nuestros alumnos.” El Ministerio de Educación, ha explicado Alarte, “otorga no sólo 125 euros para la adquisición de cada portátil sino también el 50% del resto de la dotación hasta superar los 11.000 euros por aula montada”.

El ministro Gabilondo, a preguntas de los medios, declaró (20 Minutos, 15/12/2009) que:

…  ni el Ministerio distribuye los ordenadores «ni Zapatero tampoco, por si alguno piensa que vamos con un carromato por los institutos».

Así, explicó que el programa Escuela 2.0 tiene una financiación para que cada región, de acuerdo a procesos de concurrencia, pueda resolver y plantear «qué tipo de ordenadores necesita y en qué condiciones».

«Estas críticas vienen de una comunidad que tenía más de 11 millones de euros para implantar el programa, que podía también haberlos puesto para garantizar que toda su comunidad autónoma pueda tener un valor, y lo lamento por los estudiantes, los profesores y los centros de esa comunidad», apuntó y añadió que no es «amigo de polémicas, yo respeto las teorías de la miopía que tiene cada cual».

Sin embargo, el texto más esclarecedor sobre el tema son las declaraciones de la portavoz de Educación del grupo parlamentario ‘popular’ en las Corts Valencianes, Maira Barrieras (Europa Press, 16/12/2009). Algunos fragmentos:

…con el proyecto Escuela 2.0 se produce un «trato discriminatorio» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «hacia algunas comunidades autónomas como la valenciana» y consideró «inaceptable» que, según dijo, el Gobierno central «deje a los alumnos valencianos fuera del programa exclusivamente por razones partidistas».

…el Gobierno central «ha hecho todo lo posible para dejar fuera a las comunidades gobernadas por el PP y destinar ese dinero a Andalucía» y añadió que el Ministerio «se ha negado reiteradamente a flexibilizar el convenio y permitir que se aplique de una forma distinta en unas comunidades respecto a otras».

«El gobierno socialista no nos trata de manera equitativa, y a la Comunitat Valenciana nos exige más que a las demás», afirmó, y agregó que se han elaborado» hasta tres borradores distintos para intentar lograr un acuerdo y el Ministerio siempre ha respondido con una negativa rotunda pese a ser propuestas lógicas y más que razonadas».

Escuela 2.0 «tal y como está concebido por el Ministerio, provocará efectos negativos sobre el rendimiento del alumnado ya que hay serias carencias en la formación de los docentes, en los contenidos digitales curriculares, en su beneficio pedagógico, o en los efectos que pueda causar trabajar durante horas seguidas con un portátil de dimensiones reducidas».

Además, calificó de «vergonzoso» que en unas autonomías «permitan hacer proyectos pilotos y más formación al profesorado y en otras no» y consideró «inadmisibles» las razones del Ministerio «para evitar alcanzar un acuerdo con la Comunitat Valenciana».

el proyecto Escuela 2.0 es «una chapuza improvisada y precipitada, sin pruebas previas y con unos efectos demoledores sobre el normal funcionamiento de los centros» y opinó que la integración de las TIC «se tiene que hacer de forma ordenada y progresiva, tal y como se viene haciendo en los centros escolares de la Comunitat».

«El Ministerio con su proyecto Escuela 2.0 provoca el caos en las diferentes autonomías algunas de las cuales han tenido que dejar desiertos los concursos para ordenadores portátiles. Además genera chatarra informática ya que son ordenadores con pocas capacidades técnicas que quedarán pronto obsoletos y con una vida útil reducida», dijo, e incidió en que se trata de «un despilfarro sin sentido para atender un capricho de Zapatero anunciado en el debate del Estado de la Nación».    Maira Barrieras agregó que la Comunitat Valenciana es «la segunda autonomía tras Extremadura con más ordenadores por alumno a nivel nacional con una ratio de 4,8 alumnos por ordenador. Los centros educativos disponen de un parque informático de 103.663 ordenadores, 5.546 rincones multimedia en las aulas de infantil, 2.455 pizarras digitales, 739 servidores multimedia en las aulas de música (que permiten editar y componer digitalmente), 166 aulas móviles y se han informatizado 1.327 bibliotecas escolares». «Estos son hechos y realidades», aseveró.

Creo que no hace falta aportar más argumentos para explicar por qué la Comunidad Valencia renuncia a 11,5 millones de euros y, pese a tener la potestad de orientar el proyecto en gran manera como han hecho otras comunidades (Cataluña, Andalucía, Baleares, por ejemplo), no aportará la cifra necesaria y renuncia a participar. El PP tendrá que explicárselo a sus votantes… especialmente a los padres y madres que tienen hijos en la escuela pública.

¡Qué inmenso error, Sr. Font de Mora!